Número 34 - Año VI

Jóvenes y educación: perfiles, escenarios y horizontes.
Breve aporte para la consolidación de políticas de juventud en Argentina

Escribe: Pablo Christian Aparicio
Doctorando en el Instituto de Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación, Eberhard- Karls Universität Tübingen (Alemania)


Los jóvenes en la encrucijada social y educativa de hoy

Para abordar la relación planteada entre los jóvenes y los nuevos desafíos sociales y educativos caracterizados por la incorporación de una paradigma económico ligado a la economía de mercado, la consagración de la globalización y la pluralización de las formas de inclusión, exclusión y participación social consideramos importante acceder en una primar instancia a una breve exposición del escenario político educativo y social juvenil, para poder analizar posteriormente mas en profundidad la efectividad de las actuales y futuras estrategias de promoción y formación de los actores.

Las transformaciones estructurales implementadas en la sociedad argentina durante la década del ´90 en su mayoría se produjeron en un contexto de endeble y cuestionable “consenso político y social”, donde el aspecto más relevante, sin duda, fue la arbitraria y superficial consulta a sectores y actores sociales durante la implementación de las medidas políticas de reforma del estado basadas principalmente en la descentralización, privatización, flexibilización y desregulación que afectó la totalidad de las área de bienes y servicios públicos (educación, salud, comunicaciones, industria, tecnología, transporte, seguridad social, etc.).

La ausencia de coherencia y sistematicidad tanto en la formulación como en la aplicación de las reformas educativas y sociales constituye uno de los tópicos mas sobresalientes que aún en la actualidad siguen limitando los objetivos, estrategias e impactos deseados por las mismas, y de cuya operatividad dependieron el agravamiento de la crisis social, económica y política que afecta al país.(1)

En vinculación al campo educativo las reformas introducidas en los países de la región en los últimos lustros del siglo XXI no pudieron proyectarse democrática y globalmente, esto no implica que no existan o hayan existido estrategias de intervención política destinadas al tratamiento (asistencialista y/o compensatorio) de dichos fenómenos sociales lo que si se desea exponer es que estos mecanismos de innovación (Ley Federal de Educación) no pudieron brindar alternativas significativas para la superación de la precariedad, la desigualdad y la exclusión social.

A nivel discursivo y teórico la organización de esta nueva propuesta política educativa se inspiraba en la búsqueda de caminos resolutivos ante determinadas contradicciones sociales, ocultamientos y procesos anómicos producidos dentro del sistema educativo formal y que tendían a pronunciar las desigualdades sociales, la hegemonía de la clase dominante y la legitimidad de la exclusión de los grupos sociales desventajados. Desde el posicionamiento teórico y político de la reforma educativa argentina se insistió en la necesidad de establecer una relación dialéctica e histórica entre el ámbito intraeducativo y el resto de los campos sociales (extraeducativos) hasta entonces desvinculados de una real y específica consideración política.

En alusión a la impronta histórica y social de las transformaciones estructurales inspiradas en una filosofía neoliberal Beccaria y Carciofi (1996) postulan “que si bien se están introduciendo cambios sustanciales en la menera en que se captan y aplican recursos públicos para la salud, la educación y la previsión social, las iniciativas en cada uno de estos terrenos no parecen tomar en cuenta un escenario más amplio. (...) podría afirmarse que carecen de un plan que identifique los problemas que atacan las políticas en cada uno de los campos, y que establezca prioridades con arreglo a principios compartidos de equidad social. En ausencia de planes, la eficacia económica y social de las medidas tiende a diluirse y aparece un divorcio entre el calendario de las acciones y su prioridad social.”(2)

Del mismo modo el distanciamiento de la política educativa y en razón a las diversas condiciones contextuales de las escuelas y los centros de formación profesional y capacitación laboral durante años tendieron a generar una resistencia explícita e implícitamente a la intervención de otros actores y sectores sociales intersados en inmiscuirse en el debate de la política educativa. La superación de esta constricción política de característica regresiva podría posibilitar en el futuro la revalorización del rol del actor juvenil y de las asociaciones de juventud como elemento nodal para la co - construcción de propuestas de formación, recreación y organización que objetiven (contemplando – validando) sus intereses, carencias y deseos de estos actores y sus contextos de referencia.

En el particular escenario social y político argentino a inicios del siglo XXI se puede apreciar que los criterios políticos e ideológicos que priman en la conducción del sector educativo se presenta como harto paradojales y desarraigados de la realidad histórica que los contextualiza, si se considera que la premisa para el desarrollo social y productivo dentro de un programa de desarrollo democrático, equitativo y sustentable para el neoliberalismo, el macro contexto de la economía de libre mercado y el estado post social, se asienta en la promoción de los recursos humanos a través de la técnica, la ciencia y el conocimiento, tras lo que se persigue el crecimiento sostenido de la economía, el bienestar social y el fortalecimiento integral del orden democrático; hecho nada más lejano del actual escenario socio histórico en Argentina y América Latina (Filmus, 2002).

En alusión al estilo político ideológico dominante en los procesos de reforma educativa Frigerio (2002) vaticina que predominó un tipo de pensamiento “simplificador” a tra´vés del cual “se definieron énfasis y acentos sin tomar en cuenta los puntos de partida, los contextos, las historias, los protagonistas y la compleja trama de lógicas que se entrelazan (la lógica cívica, la social, la política, la doméstica, la científica, la tecnológica, la estética, la pedagógica, la económica).”(3)

El desafío exigido por una “sociedad de la información” (Drucker 1993) de carácter global e irreversible reclama como premisas fundamentales la diversificación efectiva de los resultados educativos, el incremento de la competitividad de los actores, la formación educativa de calidad y la eficiencia de las herramientas tecnológicas, curriculares, didácticas y científicas apostadas en favor de una capitalización y optimización de los recursos humanos(4). Empero a ello dentro del sistema educativo argentino -que adhiere este discurso ideológico- el vaciamiento de contenidos, la pauperización en aumento del sector público educativo, el desprestigio a nivel de las representaciones sociales que afecta a todo “lo público” y las escuetas perspectivas de capacitación e investigación destinados a los profesionales de la enseñanza coartan la efectivización de los axiomas “democrático, modernizante e integrador” difundido por la actual propuesta educativa.

En nuestros días la ausencia de estrategias políticas significativas y flexibles en el ámbito de la formación juvenil afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables y desafiliados de la sociedad argentina, hecho que a su vez tiende a perpetuar - directa y sutilmente- las múltiples dinámicas de exclusión, círculos de pobreza y privaciones culturales, laborales, educativas y sociales inherentes a los grupos humanos subsumidos en el riesgo, la marginación y en los límites del reconocimiento de toda pertenencia ciudadana (Beck, 1998). La fuerza coercitiva que envisten los “procesos de vulnerabilización social y la individualización de los problemas sociales” (Bourdieu, 1999) relativiza cualquier garantía política, jurídica, ética y racional que asegure la integración y cohesión social entre grupos y la reducción de las diferencias sociales –tendencialmente ligadas a la dualización - sociales entre los diversos sectores sociales.(5)

En este contexto resultan mínimas las probabilidades de mejorar significativamente los destinos biográficos y sociales de los jóvenes vulnerables, sobre todo cuando prevalesce una ausencia de estrategias de desarrollo claras y contextuales que vallan más allá de los programas de formación y capacitación focales y discontínuos implementados reiteradamente en Argentina, por ejemplo proyecto jóven, proyecto imágen, proyecto microempresas, proyecto de formación profesional, programa intensivo de trabajo y programa de emprendimientos de interés social, programa de fortalecimiento de la sociedad civil, programa de desarrollo comunitario, entre los más importantes, y cuya viabilidad está casi siempre limitada a un período de gobierno (voluntad partidaria) o bien a la disponibilidad financiera, esporádica y discontínua, dependiente normalmente de créditos externos.

El ámbito de la formación juvenil

En Argentina el grupo de jóvenes entre 17 y 27 años de edad, se inscriben como el sector más suceptible a los vivenes y contradicciones engendrados por los cambios políticos, económicos y sociales imperantes en la sociedad argentina de hoy (Balardini y Herno, 1995; CEPAL, 2000).

En este sentido, los actores juveniles se ven confrontados con un escenario educativo pos reforma, desbordado por novedosas y cuantiosas estrategias de capacitación y formación educativa, que al carecer de una articulación y sintonía con las expectativas de la comunidad local, las posibilidades institucionales y profesionales locales y las disposiciones psicológicas, motivacionales, cognitivas, afectivas y sociales de los mismos jóvenes, ha propendido a reforzar la “baja significatividad” de los esfuerzos y programas educativos y sociales.

Considerando diversos estudios esbozados por diversos expertos e investigadores del tema juventud(6) se podría aseverar que las carencias de tejidos organizacionales, transparentes y efectivos en el espacio de la formación y capacitación juvenil a nivel formal e informal coadyubaron a socavar la dimensión “transformativa” de los nuevos dispositivos de intervención política destinada a los jóvenes atravesados por situaciones de riesgo social e inseguridad económica laboral.

La disociación planteada entre los mecanismos político de formación juvenil, los jóvenes y sus referentes sociales, culturales, materiales y cognoscitivos posee un valor determinante para la conquista de mayores grados de equidad, participación social y promoción educativa de las nuevas generaciones. Gracias a esta suerte de “anomia consentida” se procede a evadir y por ende tergiversar (negando y alienando) las potencialidades y el verdadero cuadro de necesidades de los actores juveniles - que paradójicamente - constituyen dentro de las políticas “los destinatarios referenciales” por excelencia (población objetivo).

Una de las posibles razones explicativas de este “divorcio estructural” reside en la prevalecencia de una visión adultocéntrica que influye en el modo en como se conciben para los jóvenes los mecanismos programáticos e institucionales desde los diversos campos de la política pública. La determinación unilateral y exógena de lo más pertinente para los jóvenes, cercena la posibilidad de elaborar con y desde los jóvenes el conjunto de programas y políticas a ellos destinados. Este hecho ha tendido a vigorizar la desarticulación planteada entre las propuestas políticas, los dispositivos institucionales de viabilización y los actores juveniles, induciendo a su vez a generar mayores entrecruzamientos, improvisaciones y desatinos en el ámbito político de juventud (Balardini, 2000).

Ahora bien este divorcio estructural dentro del dispositivo educativo afecta por un lado, al grupo de gestores de las políticas educativas, a las instituciones educativas y los actores docentes y capacitadores comprometidos con las tareas de enseñanza y aprendizaje y potencialización de las competencias, conocimientos y habilidades de los jóvenes. En ambos casos la disociación entre los objetivos políticos y la realidad concernientes a las instituciones y los profesionales de la educación y primordialmente de los jóvenes acaban reproduciendo los déficits registrados en materia de planificación, transpolación y evaluación de estrategias destinadas al sector.

Mientras la administración educativa pública durante toda la década del ´90 persistió en enunciar hasta el hartazgo, el valor de la instauración de una oferta educativa de calidad y equidad para la construcción de una sociedad más justa e integrada, en los hechos la remoción de las anomalías y derroteros inherentes a la oferta educativa pública se conservaron. Es decir, empero a las buenas intenciones y “discursos modernosos” albergados por la nueva propuesta educativa (Ley Federal de Educación) en la práctica real los déficits han permanecido casi inmutables.

Bosquejando escenarios y herramientas relevantes de intervención en el ámbito educativo de la juventud

En un contexto de crisis asistido por desigualdades incipientes por transformaciones económicas, productivas y laborales estrepitosas la superposición y multiplicación de ofertas educativas en razón a los actores juveniles, no pueden segurr contemplándose de forma inerte por la conducción política, los dispositivos públicos y privados de gestión social (Filmus, 1999). Del desvanecimiento de las oportunidades sociales, el incremento de los índices de pobreza y exclusión socio económica y el desgranamiento paulatino de las redes de contención institucional, civil y política de las sociedades parecen vislumbrarse como las consecuencias más preponderantes de una política educativa juvenil deficitaria.

En esta perspectiva, la asunción pasiva y expectación neutral por parte de los responsables de diseño, evaluación y conservación de la política educativa se torna arto contraproducente puesto que ello estaría induciendo a la “reproducción” en lugar de “mitigar”, los efectos de las mencionadas “desafiliaciones sociales”. Los organismos e instituciones encargadas de intervenir en pos del mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos juveniles deberían ser repensados en pos de garantizar una acción pedagógica comprometida con la pluralidad de los contextos juveniles, capaz de modificar permanentemente a los actores políticos y burcocráticos inmiscuidos en arena educativa y social; para así poder recuperar el contenido “transformador” de las intervenciones, que impulsen la construcción de mecanismos políticos propendientes a la movilización y formación estratégica de los actores juveniles (Bendit, 1998).

Ahora bien para la viabilización en la práctica de una nueva concepción vinculada al trabajo educativo con la juventud se requiere inexorablemente de una base sólida de consenso que otorge legitimidad a la propuesta y garantice una pertinente distribución de roles, responsabilidades, intervenciones y propiedades entre los diferentes actores institucionales intrincados en el espacio político de la juventud (Jacinto y Gallart, 1998). Esto sugiere plantear una revisión de las premisas conceptuales referidas al valor histórico social de la educación, desde donde es plausible el desarrollo de espacios participativos, la capitalización de aspectos estratégicos pertenecientes a la cultura juvenil, así como a la cultura generada en torno al trabajo educativo, social, político y organizativo con la juventud, amedrentando el peligro de la politización partidaria; la desvalorización de la heterogeneidad identitaria y la estereotipazación simplificante de la complejidad histórica y social inherente a los jóvenes (Rodríguez, 2001).

De aquí se deduce que no sólo es necesario sino inexorable generar para el sector “políticas de juventud” apoyadas por el estado que dispongan de medios efectivos para captar y empoderizar los intereses de diferentes sectores de la comunidad que potencialmente podrían generar para los jóvenes mecanismos alternantivos de integración social, formación educativa y estructuras de participación entre los que cabe mencionarse el grupo de empresarios, los sindicatos, los actores políticos y burocráticos pertenecientes al aparato estatal, la iglesia, los medios de comunicación, las universidades, ONG´s, los centros vecinales, las mesas de concertación popular, los clubes deportivos, etc.-.

En esta línea de análsis Castells (1999) asevera que “la política de juventud ha de estar dirigida ante todo contra la aceptación pasiva de la tendencia que lleva a la marginalidad, la exclusión y la delincuencia. Su objetivo principal ha de ser el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía.”(7)

Por este motivo, actualmente el mayor desafío consiste en superar las contradicciones y “silencios ocultantes” imperantes en el ámbito educativo que afectan las chances sociales presentes y futuras de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

La tarea más difícil y no menos determinante sigue estribando en garantizar a toda la sociedad -con especial énfasis a los sectores sociales más atisbados por la pobreza- el acceso irrestricto y democrático a las herramientas culturales y cognitivas que favorezcan la movilidad social, la operatividad laboral (empleabilidad), el desarrollo económico autónomo, la objetivación de los proyectos biográficos, la participación plena en el espacio público y privado, la intromisión crítica en la esfera societal e institucional y la posibilidad de vivenciar y crear intersticios culturales y sociales destinados a la proyección de nuevos procesos de transformación social a nivel local y regional.

La Política de Juventud, perspectivas y retos

La delicada situación de exclusión y vulnerabilidad a la que se hayan expuestos los jóvenes en el contexto político, social, económico – laboral y educativo en Argentina y América Latina plantea la necesidad de reorganizar las estructuras políticas e institucionales de mediación socioeducativa con la juventud tanto desde el ámbito político educativo como del resto de las estructuras políticas públicas a los fines de canalizar las expectativas, potencialidades y limitantes de los jóvenes concebidos en una doble dimensión a saber social e individual.

Dentro del escenario de formulación de políticas públicas se debe debatir sobre los incógnitos abiertos y los horizontes pensables en virtud a un replanteo político y social de la condición marginal de los jóvenes excluidos. Para hacer viable esta nueva asunción de los jóvenes se precisa de estrategias de intervención socioeducativas amparadas y referenciadas por una política de juventud de carácter descentralizada, flexible, autogestionada y participativa que sea capáz de orientar el trabajo pedagógico con los jóvenes en el campo educativo desde las áreas didáctica, curricular, evaluativa y de planificación (Jacinto y Gallart, 1998b).

A partir de la instauración de una política de juventud debería ser factible, integrar intrínseca y extrínsecamente el trabajo desarrollado por las ONG`s, iglesias, agrupaciones juveniles de tipo recreativo y voluntario así como también los centros educativos formales e informales en vistas a enfrentar los multívocos problemas que conllevan los actuales procesos de integración social, educativa, económica, cultural, laboral e identitaria de los jóvenes.

A continuación expondremos los tópicos más sustantivos que las políticas de juventud deberían bregar por concretizar, a saber: (8)

  • estimular la participación de los jóvenes en el espacio político y social, este objetivo se endilga en la necesidad de fortalecer las prácticas y valores democráticos en la ciudadanía. La participación juvenil representa un premisa preponderante para la organización crítica y protagónica de la vida social; la realización individual y colectiva de un proyecto humano de comunidad y el fortalecimiento de procesos de integración, transformación y comunicación;(9)
  • considerar a los jóvenes en una perspectiva dialéctiaca, a saber tanto como destinatarios de política y servicios así como actores estratégicos del desarrollo, que protagonizan y co-participan en los procesos de transformación social, económica y política en los diferentes países y comunidades que los integran (Gallart, 2001);
  • consolidar y extender una concertación intersectorial entre todos los dispositivos públicos y privados de intervención juvenil donde se elabore concertadamente una agenda de prioridades que facilite la inclusión de todos los actores involucrados con el desarrollo de estrategias de formación y atención juvenil velando por evitar el desperdigamiento de fuerzas y capitales sociales) y las exclusiones recíprocas perpetradas en y entre los diferentes actores ejecutores de las políticas sociales (Cohen y otros, 2001);
  • incrementar el grado de inmiscusión de los jóvenes y sus organismos de representación dentro de los espacios de toma de decisión;
  • sensibilizar a los diversos actores, agencias de cooperación técnica y financiera e instituciones comprometidas con la ejecución de políticas juveniles como así también a la opinión pública en torno a la verdadera dimensión de la vulnerabilidad social y el postergamiento educativo, político y laboral de los actores juveniles;
  • afianzar e inaugurar redes institucionales y sociales para dinamizar la concertación multisectorial dado el dinámico proceso de transformación social estructural que exige un desarrollo mas efectivo de las estrategias de capacitación, asistencia y organización juvenil en el ámbito de las políticas sociales. Estas redes de contención social deberían erigirse sobre una plataforma política sólida orientada por las premisas de descentralización, participación y autoorganización que permitan definir la pertinencia o no de las políticas, los programas y demás inversiones sociales.(10)

En el contexto histórico y político argentino la existencia de una política de juventud constituye una condición necesaria pero no suficiente para la superación de las restricciones sociales y laborales que atisban al mundo juvenil hoy en día, puesto que sin una base sólida de “concertación intra e intersectorial” que otorge legitimidad a los actores y las herramientas de intervención política y educativa, en un momento histórico en el que se están afianzando incipientemente las organizaciones civiles procedentes del tercer sector, implicaría desperdiciar el valioso aporte de esta contraparte en razón al desarrollo e innovación de nuevos criterios teóricos y prácticos de intervención juvenil.

En este sentido, hacer viable una propuesta vinculante entre el estado, el tercer sector y los mismos jóvenes, posibilitará una distribución coherente de roles y responsabilidades entre los diferentes actores institucionales intrincados en el espacio político de la juventud. Ello a su vez, sugiere la revisión de las premisas conceptuales que definen el valor histórico y social de la educación como estrategia de desarrollo, para hacer plausible la futura i) construcción de espacios participativos de formación y atención socio educativa para jóvenes vulnerables, y ii) el reconocimiento y potenciación de la cultura juvenil y de la cultura del trabajo socioeducativo con los jóvenes.

Evitar las imposiciones exógenas y bancarias endilgadas en las propuestas de formación educativa formales y caracterizante de proyectos de capacitación y laboral –ya mencionados anteriormente- luchar contra la politización partidaria del trabajo con la juventud y la criminalización de la heterogeneidad identitaria y desterrar la estereotipazación normalizante y homogeneizante (alieneación cultural) de las juventudes resultan tareas claves dentro del debate de las políticas de juventud.

Comentarios finales: vislumbrando un nuevo escenario socio educativo integrado e integrador de los jóvenes

Tanto la baja perfomance de los dispositivos de formación y atención juvenil así como el desajuste y contradicción existente entre i) los objetivos sociales del estado (agenda de prioridades), ii) los mecanismos de intervención política, iii) las expectativas y exigencias de la sociedad y iv) los intereses y realidades de los mismos jóvenes se conciben desde el discurso oficial como resistencias anómicas de las instituciones y actores involucrados con la transposición de programas, que a propias fallas en la forma en como se conciben, extienden y evalúan estos dispositivos programáticos.

En referencia a esta hecho específico podríamos sostener que ste hecho nos motiva a sostener que el modo en cómo se extiende un servicio o programa es imposible de disociar de los cánones en cómo el “otro”, vale decir el grupo objetivo y destinario se asume, interpreta y construye histórica y empáticamente.(11)

En vista a superar estas restricciones en el espacio donde se elaboran las políticas de juventud los axiomas vinculados a la flexibilidad, contextualización, eficiencia, participación, integralidad, sustentabilidad y descentralización(12) pueden facilitar una genuina transformación de las condiciones de vida desfavorables inmanentes al modelo social y económico primante en Argentina.

Desde nuestra perspectiva para la superación de los conflictos inherentes al ámbito de la formación juvenil y la vida individual y colectiva de este grupo se precisa de una propuesta socio educativa vinculante (integral e integrada) basada en la síntesis dialéctica de las demandas sociales, las políticas de empleo y producción, la intervención política del estado -en su dominio local, regional y nacional- y las múltiples dimensiones y tendencias de las políticas de desarrollo social, económico y cultural adscriptos al actor juvenil.

Esta consigna implica indudablemente la constitución de un nuevo “contrato social” de carácter multisectorial (Tedesco), que opere congruentemente desde dos frentes, a saber en primer lugar, como referencia histórica y social necesaria e irreductible para poder verificar la pertinencia o no de los parámetros teóricos y prácticos empleados en el ámbito de diseño y formulación de políticas y programas; y en segundo lugar, como orientación estratégica que sirva para definir los procesos de encauzamiento social y biográfico que en el área de formación juvenil deben liderar los centros de formación educativa y capacitación laboral en consonancia con otros sectores y actores sociales estratégicos del desarrollo.(13)

En este sentido la idea de educación como puente de articulación entre estado, jóvenes, educación y sociedad se perfila a orientar la ampliación de los dominios y horizontes de la política educativa destinada a los jóvenes y como así también a integrar las diferentes estrategias y programas incorporados en el sector a partir de una política de juventud integral en vistas a reformular democráticamente los criterios en cómo se organizan los recursos institucionales, programáticos, curriculares, profesionales, financieros, evaluativos y de gestión administrativa en este ámbito político específico.

A continuación se expondrán sucintamente algunos puntos centrales, a donde la propuesta de la educación como un puente de articulación podría desplegar sus acciones concretas, a saber:

EDUCACION PUENTE entre la dimensión intra-educativa y la extra-educativa concernientes a las actividades apostadas a la formación y asistencia educativa de los diferentes sectores sociales frente a la institucionalización de nuevos contextos de riesgos y segregación social;
entre los íconos homogéneos de las propuestas políticas -que le atribuyen un sentido de coherencia y complementariedad estructural- y la heterogeneidad inherente a las múltiples realidades intra e interpersonales y a los contextos humanos polisémicos que incipientemente se van engendrando;
entre dimensión local y global de las nuevas exigencias y prioridades que deberían ponderarse en todo proyecto de desarrollo democrático, sustentable y equitativo que permita potenciar inclusiones amplias, plurales y flexibles frente a las nuevas tendencias de desempleo y empleo. Educar para una empleabilidad que satisfaga y objetive las inclinaciones biográficas, las proyecciones representacionales e intereses subjetivos así como las expectativas vigentes del sistema productivo y la sociedad, evitando la perpetuación de polarizaciones y desfasajes arbitrarios se inscribe aquí como premisa inexorable;
entre el ámbito de decisión del estado, el mercado y la sociedad civil, la construcción de alianzas estratégicas torna más plausible la neutralización e irrupción desestructurante de los ápices de pobreza, desigualdad y no participación;
entre las nuevas tendencias de marginación y la autoexclusión social que atisba progresivamente a mayores grupos sociales juveniles y el diseño relevante de mecanismos de integración y contención social originados desde el ámbito de las políticas públicas y el sector privado (tercer sector, ONG`s, cooperación internacional, etc.).

La construcción de un “puente articulador” de fuerzas sociales se basa en una propuesta socio educativa que aliente la creación de nuevas oportunidades de integración y participación social y pedagógica dentro y fuera de los espacios educativos, y persigue deliberadamente la empoderizacióin de sectores y actores sociales emergentes que eventualmente podrían intervenir en la contextualización e innovación de programas y estrategias de atención de las demandas juveniles (Bendit, 1998)

La consolidación de una política educativa que sirva de puente articulador ente los diferentes sectores e intereses sociales se asienta en la posibildad de incrementar el poder de impacto de todo el repertorio de las ofertas y estrategias de intervención pedagógica y social ligadas al sector juvenil, que a su vez permitiría la constitución de redes cooperativas de atención y formación juvenil en todas las áreas del desarrollo social por ejemplo, salud, vivienda, participación ciudadana, seguridad social, tiempo libre, empleo, etc..

Concluyendo, esta empresa posee un valor histórico preponderante dado el avance inusitado que comportan los fenómenos como la desigualdad social, la desafiliación laboral, la indefensión institucional y política de los grupos juveniles más desposeídos, los desmembramientos familiares, la inseguridad y heterogeneidad de las situaciones de riesgo, la vulnerabilidad social e identitaria, las múltiples pobrezas, las inseguridades y desorientaciones individuales que influyen en las disposiciones individuales y colectivas del comportamiento. Por este motivo, la actualización de los nexos comunicantes entre el mercado, el estado (a través de sus instituciones), la sociedad civil y los actores educativos sigue representando el mayor desafío a desandar.

Del mismo modo los programas, las instituciones y los actores vinculados particularmente al campo educativo deberían propender a la superación definitiva de un esquema tradicional y coercitivo de formación y capacitación que ha venido desdeñando sistemáticamente la asunción objetiva de la complejidad de los heterogéneos y novedosos problemas sociales que asisten a los jóvenes y perméan sus procesos de enseñanza, aprendizaje, socialización, interacción y participación.

Amalgamar sintéticamente el mundo de la vida los jóvenes y las múltiples ofertas de formación y atención social extendidas desde la escuela y los demás centros de formación y capacitación en el ámbito no formal debería inexeroblamente tender a abrir las puertas y los horizontes de lo tradicionalmente concebido como “lo educativo”. En esta perspectiva, la intromisión de una renovada orientación teórica, metodológica y epistemológica de corte socio educativo se inscribe en el escenario político y social de Argentina y América Latina como una vía interesante para acometer las transformaciones aún pendientes y urgentes.

Notas

(1) “(...) el actual proceso económico y social está dando lugar a un incremento y diversificación de situaciones de vulnerabilidad que se pueden cristalizar en sociedades con una fuerte tendencia a la exclusión social y económica”. (Minujín, 1998b Op.cit. pág. 194)
(2) Op.cit. pág. 238
(3) Op.cit. 2002 pág.55
(4) Op.cit. pág.45
(5) Este conjunto de problemáticas expone el peso que poseen “la vulnerabilidad social la acumulación de desventajas” en la organización actual de los colectivos humanos, la institucionalización paulatina de dinámicas de desestabilización de los estables e instalación de la precariedad como nuevo paradigma de socialización en una sociedad denominada por el riesgo, la inestabilidad y parecelamiento individualizante (Castel, 1988).
(6) Ver: Gallart, 2001; Filmus, 1999, 2002; Rodríguez, 2001; Balardini, 2000; Bendit, 1998; Sirvent y otros, 2001; Filmus y otros, 2001
(7) Op. cit. pág. 238
(8) Para ampliar en detalle cada uno de los puntos aquí someramente expuestos recomendamos los textos de Rodríguez, 2001; Gallart, 2001; UNESCO, 2001; Sirvent y otros, 2000; CEPAL, 2000; Cohen y otros, 2001.
(9) Touraine (1998) en crítica a las mediaciones políticas prevalecientes en el ámbito de juventud expone que, “en vez de buscar la integración social de los jóvenes pensando en la paz social, más que en los propios jóvenes, hay que fortalecer en éstos la capacidad de ser actores de su propia vida, capaces de tener proyectos, de elegir, de juzgar de modo positivo o negativo, y capaces también, más sencillamente, de tener relaciones sociales, ya se trate de relaciones de cooperación, de consenso o conflictivas” Op. cit. pág.77
(10) El generamiento de competencias y estructuras políticas adecuadas que apoyen el incremento de la participación social constituye un eje sustancial para acompañar la consolidación de los nuevos procesos de gestión, administración y elaboración de las políticas públicas sobre todo de los mecanismos gestados en el área de juventud.
(11) Las herramientas metodológicas, teóricas, didácticas, profesionales y pedagógicas que se instrumentan para irrumpir en el “otro” con el objetivo de forjar histórica y dialécticamente un “nosotros” desde lo socio educativo. Esta síntesis dialéctica se infringe como un basamento irreductible no sólo para la definición histórica en el “aquí y el ahora” de las personas sino para la proyección ontológica y subjetiva del mundo de la vida de las personas (Thiersch, 2002).
(12) Diversos autores valoran estas orientaciones políticas, dado su carácter estructural – estructurante, como caminos plausibles y alternativos desde lo cuales transformar y empoderizar democráticamente a los jóvenes en y desde sus múltiples constelaciones de vida, a saber social, educativa, laboral, política, cultural, biográfica, etc.. Ver: Balardini y Hermo, 1995; Aparicio, 2003, 2003b; Pieck, 2001; Rodríguez, 2001
(13)Una oferta de formación educativa basada en el consenso legítimo y plural, está mas proponesa a favorecer la objetivación de las localizaciones sociales e históricas de los actores y la potenciación de sus diversos “mundos de la vida” (Lebenswelt) internalizados y en constante transformación (Thiersch, 2001).

Referencias

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