   |
| Número 31 - Año VI |
|
| Número 31 - Año VI |
 |
 |
Divisando el horizonte de la civilización mundial: Escribe: Néstor Godofredo Taipe Campos |
|
Estas frases tan duras permiten abordar el tema de la discriminación etno-racial para reflexionar sus complejas implicaciones y al mismo tiempo argumentar en favor de la corriente universal que lucha por la igualdad en el género humano, haciendo vigente los ideales comunes reconocidos a) en el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el cual “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (ver Amnistía Internacional, 1997: 2), y b) en el inciso 2, del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, que señala: “Toda persona tiene derecho a... la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole” (ver Ramos,1999: 6). Los ideales aludidos constituyen el cimiento para la construcción sólida de la tolerancia y el respeto a las diferencias que, en parte, encuentran su fundamento en el desarrollo teórico del relativismo cultural, que subraya el valor de los diversos modos de vida, y no de uno solo, y significa afirmar los valores de cada cultura, pretendiendo comprender y armonizar los fines diversos, sin juzgar ni destruir los que no sean congruentes con los nuestros. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que un congreso de filosofía criticó y rechazó el criterio de la «tolerancia», por tener implicaciones discriminatorias: se puede tolerar a la otredad sin aceptarlo como iguales. De ahí que lo correcto, ética y moralmente, sea declarar como principio axiomático el respeto del “otro” cultural y racial en condiciones de igualdad, a fin de buscar una convivencia armónica dentro de la futura civilización mundial (ver Taipe, 2000). A estas alturas se hace necesaria definir la discriminación racial. Por ésta entenderemos al trato de inferioridad y exclusión injusta, en la convivencia social y política, a ciertos individuos o grupos basados en su pertenencia a razas diferentes y fundado teóricamente, por lo general, en la falsa creencia de la superioridad biológica hereditaria del grupo racial dominante y en la adscripción al grupo racial discriminado de características innatas ínfimas y despreciables (Lévi-Strauss, 199; Sierra Bravo, 1987). Los pueblos indígenas (los aborígenes), los afrolatinos y los afrocaribeños de la región han padecido siglos de exclusión y la mayoría de ellos vive ahora en situación de extrema pobreza; es decir, están lejos de satisfacer un mínimo de necesidades básicas, están por muy debajo de la línea de pobreza (Ducha, 2000). Se estima que, en el continente americano hay entre 33 y 40 millones de indígenas, divididos en unos 400 grupos étnicos y, con excepción de Uruguay, todos los países latinoamericanos tienen indígenas. La población negra y mestiza alcanza a 150 millones de personas, es mucho mayor que la población indígena (Hopenhayn, s/f). Es de considerar también que en Estados Unidos de América, Canadá y Alaska existe una considerable diversidad de grupos étnicos aborígenes. Obviamente, si se trata del contexto peruano, el problema debe ser abordado considerando lo indígena, sin olvidar que también tienen presencia otras minorías étnicas. En este sentido, es necesario manifestar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, lo indígena refiere a las comunidades, pueblos y naciones que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales (J. Martínez en Stavenhagen, 1995) . Hopenhayn (op. cit.) expone que estas poblaciones presentan niveles de acceso a la salud, a la educación, al empleo, a los ingresos, a la justicia y a la participación política, muy inferiores a los de los blancos. En la mayoría de los casos, han perdido sus principales medios de subsistencia, como la tierra y los recursos naturales. Igualmente está el hecho que, como expuse en un ensayo (Taipe, 2001), por diversos motivos como la violencia política vivida en nuestro país durante las dos últimas décadas del milenio pasado, alrededor de medio millón de andinos emigró a los centros urbanos, donde acceden a trabajos precarios, mal remunerados y de baja calidad; o simplemente engrosan las filas de los subocupados y desocupados, también cambiaron los roles de las madres solteras y viudas, e inclusive incorporaron a diversas ocupaciones a los menores de edad. El odio al otro racial (xenofobia) se alimenta de la discriminación étnica y racial. El desprecio por el “otro-racial” se transfiere al “otro-extranjero”, sobre todo si no es blanco y migra desde países con una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. Esto se nota en la percepción que los chilenos tienen de los peruanos y los cubanos, los argentinos de los bolivianos, los venezolanos de los colombianos, los dominicanos de los haitianos, los mexicanos de los guatemaltecos y, en general, los norteamericanos respecto de los centroamericanos, caribeños y suramericanos; y, los europeos de los provenientes del tercer mundo (Hopenhayn, s/f; Cerda, s/f.). En casos extremos, el odio racial justificó el colonialismo europeo, la empresa bélica de Hitler, las guerras étnicas en los Balcanes, las masacres en Yugoslavia, el apartheid surafricano. El intento de aniquilar étnicamente al otro racial también justificó, durante diversas guerras, las violaciones de mujeres, porque así propagaban genes “superiores”. La esterilización forzada como la practicada en el Perú durante la dictadura del prófugo Alberto Fujimori (ver Defensoría del Pueblo, 2000) que ha afectado a cientos de miles de mujeres y hombres, y el etnocidio practicado durante la violencia política como entre los Cayara, Tziriari, Quenteroni y otros pueblos andino-amazónicos, con numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también son intentos de aniquilamiento del “otro racial”. La pobreza indígena es una expresión de la discriminación. Entre los factores causantes de la situación de pobreza destacan la pérdida progresiva de tierras y el quiebre de las economías comunitarias. A ellos se sumaron los procesos naturales y compulsivos de migración campo-ciudad y la estructura y dinámica de la inserción laboral que no logra dar trabajo a toda la población económicamente activa, pero que sí acrecientan los problemas de marginalidad, la violencia familiar, el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, el pandillaje, la prostitución, la mendicidad, el aumento de los “sin padre”, las tasas de los suicidios y la demencia. La protección a los infantes es deficiente. En el caso de Perú y Bolivia, se estima que 75 niños de cada mil nacidos vivos morirán antes de cumplir el primer año de vida, y que la mayor parte de esta nueva población es indígena. Igual de deficiente y hasta inexistente son los servicios básicos. Las estadísticas muestran los altos porcentajes de hogares, que en pleno siglo XXI, no cuentan todavía con alumbrado eléctrico, agua potable (no agua entubada) ni desagüe. La discriminación étnica es otra de las principales causas de inequidad en salud. Estas minorías muestran un deterioro en sus condiciones de salud superior a la media de la población general. Sólo hasta un par de décadas atrás parecía mentira que para 117,000 habitantes de Tayacaja, sólo hubiere dos médicos en dicha provincia (esto sin comentar sobre la calidad del servicio médico) (Taipe, 1998). Actualmente, los menores trabajadores de las ciudades (los lustradores de calzados, los vendedores de caramelos, frutas o periódicos) y los niños que viven en estado de abandono material y moral, no tienen acceso a los servicios de salud, porque la mayoría de ellos no estudian, por tanto, no gozan de los programas del seguro escolar (Torres, 1999). Hay un círculo vicioso entre la pobreza y la destrucción de los recursos naturales y también pierden o disminuyen los territorios ancestrales (sino preguntemos a los nativos de la selva, quienes tienen grandes problemas con los colonos y las empresas que extraen madera o las expresas petrolíferas; también indaguemos entre las comunidades en cuyos territorios operan las empresas mineras contaminando las aguas y la atmósfera, deteriorando los pastos naturales desertizando áreas extensas, afectando la flora y fauna). La educación es otro factor central. A los problemas de acceso y cobertura se agregan los de “pertinencia” pedagógica y calidad académica, aunque hay avances ya que el enfoque de asimilación cultural, que prevaleció durante mucho tiempo, está siendo superado. Ahora, en Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú y otros países, por lo menos de modo discursivo, se comienza a respetar las diferencias culturales y lingüísticas, y se enseña a valorar las diversidades al interior de las sociedades nacionales. Pero aún falta mucho. En Perú, por ejemplo, sólo 60% de la población indígena accede a la educación primaria, 20% a la secundaria y 2% a la universitaria. El analfabetismo en nuestros pueblos todavía tiene altos índices (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, departamentos indígenas por excelencia, presentan un índice de 40% de analfabetismo). Los programas de educación bilingüe sólo fueron focalizados y de modo experimental. No está establecido que los graduandos de los centros de estudios superiores deben acreditar el dominio de un idioma nativo (y otro extranjero). La calidad educativa actual aún no lograr formar sujetos reflexivos, analíticos, críticos, creativos para la gestión y el liderazgo. Son inexistentes las transmisiones televisivas de culturas e idiomas aborígenes, al contrario se las estereotipan negativamente con algunos programas como la “Chola Jacinta” o la “Chola Chabuca” (Torres Oswaldo y Selene, 2002). Sin embargo, es bueno también reconocer que, en el ámbito continental, se avanza en el reconocimiento de los derechos indígenas en cuanto a territorio, medio ambiente, posesión, administración y uso de recursos. En Brasil y Bolivia este reconocimiento ha sido plasmado en sus constituciones. Contrariamente, en el Perú, con el argumento de convertir al campesino comunero en “sujeto de crédito”, se aperturó canales legales para destruir y privatizar las tierras comunales (el Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETTcr- está abocada a esta tarea). Existe un conjunto de organismos internacionales y multilaterales que están abordando a fondo la lucha contra este tipo de discriminación y exclusión. Pero para poner en práctica los acuerdos internacionales, es necesario que los Estados modifiquen sus constituciones e incorporen el reconocimiento de la diversidad étnico-racial, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya ha sido ratificado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Desde el punto de vista del derecho consuetudinario, la Constitución Política del Perú, en su artículo 149, por lo menos literalmente ya reconoce la validez de los sistemas jurídicos propios de los pueblos aborígenes dentro del territorio peruano, los que pueden ser aplicados libremente, siempre y cuando no se opongan a la Constitución y las leyes. Por otro lado es de considerar que la fuerza con que hoy irrumpe la democracia en la vida política de todos los países de la región permite repensar la construcción de la ciudadanía incorporando la diversidad étnica y cultural. La relevancia adquirida por los temas de la diversidad e identidad ha ido acompañada del desarrollo y la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales. Las sociedades americanas deben valorizar su carácter multiétnico y pluricultural. “La ciudadanía aparece como un valor en que es vital el reconocimiento de la “otredad” en su especificidad y diferencia cultural”. Por tanto, el ciudadano debe ser incorporado no sólo formalmente como objeto de política sino como sujeto real, con cultura política adecuada, con conciencia plena de sus deberes, obligaciones y derechos. El Perú es un país pluriétnico, pluricultural y plurilingüe. Ni siquiera el esfuerzo permanente del Estado ha podido desaparecer a las comunidades étnicas. El discurso y la práctica de la modernización neoliberal no toma en cuenta a lo indígena. Sólo le ofrece la opción de desindianización y la destradicionalización. Para los ideólogos y los tecnócratas modernizadores el indio representa por definición lo no-moderno, lo arcaico que hay que olvidar (así sostiene por ejemplo Mario Vargas Llosa, 1997). La razón anterior está en el concepto de modernización que, en su acepción liberal, concibe lo tradicional como la antítesis de lo moderno. Por consiguiente, no se puede ser moderno sino dejando de ser tradicional; no se puede mirar al futuro sino dejando de mirar al pasado; no se puede ser universal sino dejando de ser diferente y particular; y el modelo de sociedad estadounidense sería el paradigma de validez universal (Giménez, 1994a y 1994b). La asimilación debió ser el destino ineluctable de las minorías étnicas y raciales en una sociedad moderna. Pero la persistencia de la estratificación étnica y racial en el propio Estados Unidos, así como el resurgimiento de conflictos étnicos o etno-nacionales en el mundo entero, dieron al traste con las teorías asimilacionistas. Hoy en día somos testigos de la relación letal entre occidente y los fundamentalistas musulmanes. Las categorías de identidad y cultura se constituyen en cruciales frente a la importancia excesiva dada a las teorías clásicas en la tecnología y la economía como factores determinantes de la modernización. Como postula Giménez (ops. cits.), estas categorías plantean abiertamente la posibilidad de reconciliar tradición y modernidad; y permiten reconocer la dinámica, la multidireccionalidad y la incertidumbre de la transformación socio-cultural. Debemos repensar en el sentido que la tradición y la modernización sólo se oponen como tipos ideales , que históricamente no son totalmente incompatibles ni excluyentes. No sólo pueden entremezclarse y coexistir, sino también reforzarse recíprocamente. Lo nuevo frecuentemente se mezcla con lo antiguo, y la tradición puede incorporarse y adaptarse a la sociedad emergente. Toda modernidad pone de manifiesto configuraciones que se asocian entre sí “rasgos” modernos y tradicionales; la relación entre ambos no es dicotómica, sino dialéctica. La tradición puede ser su compañera de viaje, su contrapunto y, a veces, su fuerza motivadora de la modernidad. Sin embargo, hay tradiciones y tradiciones: hay tradiciones cerradas (fundamentalistas) y retardatarias (cerradas al cambio), hay tradiciones abiertas, culturalmente elásticas y receptivas al cambio (Giménez, 1994a y 1994b). Finalmente, si hacemos nuestro el reconocimiento que la cultura no es una función de la raza, sino que la raza es una de las funciones de la cultura, y que el número de las culturas es largamente superior al número de razas en el mundo, considero que el destino de nuestros pueblos se desarrollará positivamente si universalizamos los principios de igualdad, respeto y tolerancia a la diversidad. Para tal efecto es necesario desmitificar el “mito-creencia” (como diría López Austin, 1998) de la superioridad de la raza blanca, y entender que nada permite afirmar la superioridad o inferioridad de una raza, cultura y lengua con respecto a otra. Por tanto, como postulara Lévi-Strauss (1999), no existen razas, culturas ni lenguas superiores sino sólo diferentes. En consecuencia, la futura civilización mundial será de cooperación e hibridación de culturas. Al mismo tiempo cada una preservará su originalidad. Estas son las premisas del progreso del género humano. BibliografíaAMNISTÍA INTERNACIONAL |
|
Indice Principal